La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una resolución en la que solicita al Presidente de la República que elimine el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos servicios públicos del país y promueva el uso de las normas tradicionales del idioma español en las comunicaciones oficiales del Estado. Según la propuesta, se insta al Ejecutivo a dar instrucciones a ministerios, subsecretarías y demás organismos públicos para dejar sin efecto aquellos actos administrativos que fomenten expresiones o fórmulas lingüísticas diferentes a las establecidas por las reglas gramaticales del castellano. Asimismo, se pide que se garantice el uso correcto del idioma en documentos, comunicaciones y actos oficiales. La resolución recibió el respaldo de 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra, reflejando las diferencias de opinión que genera este tema en el Congreso. Los impulsores de la iniciativa argumentan que es fundamental que el Estado utilice un lenguaje claro, uniforme y acorde con las normas vigentes del español. Consideran que el uso de expresiones asociadas al lenguaje inclusivo podría generar confusión en documentos oficiales y afectar la comprensión adecuada de las comunicaciones públicas. Cabe destacar que esta resolución presentada por parlamentarios de oposición es una solicitud al Ejecutivo, por lo que no conlleva cambios automáticos ni crea obligaciones legales. La aprobación de este texto también ha generado reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales han cuestionado el tiempo destinado por el Congreso a debatir este asunto y han defendido la utilización de formas de expresión que permitan visibilizar a diversos grupos sociales. María José Cumplido, directora ejecutiva de la entidad, ha afirmado que el lenguaje evoluciona de manera natural y que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse. Por otro lado, desde el Movilh han expresado su desacuerdo señalando que sin contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla. Fuente: Publimetro
En la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2026-2030, la derecha obtuvo un resultado destacado, marcando una alta presencia en las mismas. La primera sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, llevada a cabo este martes, definió los integrantes de las comisiones permanentes. La cámara baja del Congreso cuenta con 27 comisiones, cada una compuesta por 13 integrantes. El Partido Republicano se destaca en estas comisiones, con al menos dos representantes en las más relevantes como Gobierno, Constitución, Hacienda, Seguridad Ciudadana, Educación, Economía, Salud, Vivienda y Trabajo. La presencia dominante de los republicanos en las comisiones permanentes sugiere una priorización de proyectos gubernamentales y una tramitación más expedita y favorable para la administración del presidente José Antonio Kast. Entre los parlamentarios republicanos que formarán parte de estas comisiones se encuentran Valentina Becerra, Catalina Del Real, José Antonio Kast Adriasola, Benjamín Lorca, Javiera Rodríguez, Agustín Romero, Luis Sánchez y Diego Vergara. Fuente: CNN Chile País
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una resolución en la que solicita al Presidente de la República que elimine el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos servicios públicos del país y promueva el uso de las normas tradicionales del idioma español en las comunicaciones oficiales del Estado. Según la propuesta, se insta al Ejecutivo a dar instrucciones a ministerios, subsecretarías y demás organismos públicos para dejar sin efecto aquellos actos administrativos que fomenten expresiones o fórmulas lingüísticas diferentes a las establecidas por las reglas gramaticales del castellano. Asimismo, se pide que se garantice el uso correcto del idioma en documentos, comunicaciones y actos oficiales. La resolución recibió el respaldo de 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra, reflejando las diferencias de opinión que genera este tema en el Congreso. Los impulsores de la iniciativa argumentan que es fundamental que el Estado utilice un lenguaje claro, uniforme y acorde con las normas vigentes del español. Consideran que el uso de expresiones asociadas al lenguaje inclusivo podría generar confusión en documentos oficiales y afectar la comprensión adecuada de las comunicaciones públicas. Cabe destacar que esta resolución presentada por parlamentarios de oposición es una solicitud al Ejecutivo, por lo que no conlleva cambios automáticos ni crea obligaciones legales. La aprobación de este texto también ha generado reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales han cuestionado el tiempo destinado por el Congreso a debatir este asunto y han defendido la utilización de formas de expresión que permitan visibilizar a diversos grupos sociales. María José Cumplido, directora ejecutiva de la entidad, ha afirmado que el lenguaje evoluciona de manera natural y que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse. Por otro lado, desde el Movilh han expresado su desacuerdo señalando que sin contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla. Fuente: Publimetro
En la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2026-2030, la derecha obtuvo un resultado destacado, marcando una alta presencia en las mismas. La primera sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, llevada a cabo este martes, definió los integrantes de las comisiones permanentes. La cámara baja del Congreso cuenta con 27 comisiones, cada una compuesta por 13 integrantes. El Partido Republicano se destaca en estas comisiones, con al menos dos representantes en las más relevantes como Gobierno, Constitución, Hacienda, Seguridad Ciudadana, Educación, Economía, Salud, Vivienda y Trabajo. La presencia dominante de los republicanos en las comisiones permanentes sugiere una priorización de proyectos gubernamentales y una tramitación más expedita y favorable para la administración del presidente José Antonio Kast. Entre los parlamentarios republicanos que formarán parte de estas comisiones se encuentran Valentina Becerra, Catalina Del Real, José Antonio Kast Adriasola, Benjamín Lorca, Javiera Rodríguez, Agustín Romero, Luis Sánchez y Diego Vergara. Fuente: CNN Chile País
